Cómo encarar una política ambiental adecuada

(Autor: Cristian Frers)

 

Gran parte del problema de deterioro ambiental en Argentina se debe al convencimiento de que los recursos naturales son ilimitados e invulnerables, a la falta de una política adecuada, a la ausencia de coordinación en la aplicación de las normas y a la insuficiencia de información y conciencia publica sobre la protección de la naturaleza y el alcance de los sistemas de protección.

Sufrimos perjuicios por las inundaciones rurales y urbanas, por la desertización de los suelos y la deforestación. Más del 22% de los habitantes de la argentina carecen de agua potable y al menos el 44% no tiene cloacas. Enfrentamos el problema de qué hacer con los desechos. Debemos promover la industria del reciclaje. Estamos ante la depredación de la pesca, y hay otros muchos casos que afectan el desarrollo, la salud, los intereses y el bienestar de los ciudadanos. Siempre se reacciona cuando ocurren las crisis, pero no se piensa ni se actúa para prevenirlas.

El problema de la gestión depende sobre todo de los políticos, que no son diferentes del resto de la sociedad. Los políticos, como el resto de los seres humanos, tienen un comportamiento poco previsor. ¿Cuántos de nosotros se ponen el cinturón de seguridad en los coches por miedo a las multas y no como medida de prevención de un accidente? Con el estado actual del conocimiento, se podrían realizar medidas que evitarían muchos problemas. Sin embargo, en muchas ocasiones se toman decisiones que no es que vayan en contra del conocimiento científico, sino incluso contra el sentido común.

La preservación de la calidad del ambiente es una necesidad, una aspiración y una obligación. Es un derecho y, al mismo tiempo, un deber. Es el primero de los derechos humanos: el derecho a la vida, sin la cual no tienen razón de ser los demás. Preservar la calidad del ambiente significa ampliar la posibilidad de supervivencia.

La Argentina debe poner en marcha una activa política de preservación de la calidad del ambiente. Ya Manuel Belgrano, desde 1795, e Hipólito Vieytes, desde 1802, denunciaban lo que hoy conocemos como daño ecológico y abogaban por un desarrollo agrario e industrial que ahora se califica de sustentable o sostenible. Según lo establecen el artículo 41 de la Constitución Nacional y diversas disposiciones de las constituciones provinciales, la preservación de la calidad del ambiente es política de Estado en nuestra nación, y como tal debe encararse. Aunque se debe aceptar que contaminación hay y habrá siempre, es muy importante establecer, caso por caso, cuáles son los límites reconocidos y aceptables en materia de contaminación.

Nuestros productos agropecuarios, principal fuente de ingresos del país, pueden ver limitado su acceso a los mercados internacionales, que han adoptado numerosas medidas proteccionistas, entre las que figuran, incluso, algunas injustificadas por lo excesivo en materia sanitaria y fitosanitaria. Nuestros compradores argumentan que es derecho soberano de un país la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Tales son los casos de la trazabilidad, el principio precautorio, el multifuncionalismo, la etiqueta verde y la ley de bioterrorismo.

Debemos aceptar que, conforme a un interés común, la seguridad alimentaria y la defensa de la sanidad vegetal y animal es política de Estado de todos los países.

En consecuencia, para aumentar nuestras exportaciones es indispensable, por parte de nuestras autoridades, ejercer un muy severo seguimiento y control, para producir alimentos sanos. Se trata de lograr la sostenibilidad de la empresa agrícola.

La preservación de la calidad del ambiente es de alcance nacional, regional y global. No existe en el mundo la autonomía ecológica: la contaminación no reconoce fronteras. La colaboración internacional es indispensable.

En el orden internacional, la Argentina ha sido pionera en su participación para el logro de la calidad ambiental, como, últimamente, lo es en las negociaciones sobre el cambio climático. En América, la preocupación por la preservación de la calidad del ambiente fue plasmada en la Cumbre de las Américas en 1994. En la Declaración de Principios se señala como objetivo "garantizar el desarrollo sostenible y conservar nuestro medio ambiente para las generaciones futuras" y en el apartado 23 del Plan de Acción se propone una “alianza para la prevención de la contaminación”.

Las constituciones de Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y Panamá contienen normas sobre preservación ambiental. El Mercosur tiene un acuerdo marco sobre medio ambiente.

Sería importante lograr un Acuerdo Marco a nivel Municipal, Provincial y Nacional. E ste acuerdo marco daría, en su momento, lugar a negociaciones para convenir regulaciones sectoriales propias de las necesidades y singularidades de cada región y de cada caso, teniendo en cuenta el beneficio común de la preservación de la calidad del ambiente en todos sus aspectos. Sus términos conducirían a la seguridad ecológica colectiva en el país y a un desarrollo social justo y equitativo. Y más tarde sería interesante lograr este Acuerdo para el continente americano.

Bases para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Naturales:

- Establecer la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad e iniciar acciones concurrentes.

Concluir la Estrategia y establecer planes de acción a los niveles nacional, regional, interprovincial y provinciales y promover los principios de conservación en los procesos de planificación.

- Perfeccionar y utilizar marcos regionales de referencia.

Concluir, sobre la base de la información existente, con la validación de las grandes regiones del territorio y emplearlas para promover la evaluación integral de los sistemas naturales y definir los problemas ambientales de las diferentes regiones y promover, a nivel de las provincias, el desarrollo y el uso de sistemas de ordenamiento territorial.

- Coordinar los programas y actividades sectoriales con los objetivos de la política ambiental.

Proveer a que el uso de los ecosistemas se base en considerar la vocación natural de cada región y evitar que los organismos oficiales de promoción alienten actividades de producción que no consideren la totalidad de los recursos naturales y no sean probadamente sustentables.

- Realizar el análisis ambiental de las actividades que pudieran afectar la biodiversidad.

Orientar las actividades productivas en razón de marcos de ordenamiento territorial y efectuar, de acuerdo a la normativa vigente, el análisis ambiental de los proyectos que corresponda en razón de la complejidad y magnitud de los mismos.

-  Promover el desarrollo y la transferencia de conocimientos científicos y de tecnologías ecológica y económicamente adecuadas a las diferentes regiones naturales.

Determinar prioridades en materia de conocimiento, conservación y uso sustentable de los recursos naturales, promover su inclusión en los programas plurianuales de ciencia y tecnología e impulsar el fianciamiento de las actividades priorizadas sería lo esencial para no seguir continuando el ambiente.

 

Cristian Frers.

Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social.
Tte. Gral. Juan D. Peron 2049 7mo. “ 55” .
(C1040AAE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
República Argentina.
E-mail: cristianfrers@hotmail.com