Transposición de la Directiva 90/313/CEE
de libertad de acceso a la información ambiental.

La transposición actual no garantiza la libertad real de acceso a la información ambiental generada en el ámbito estatal.

por Juan Pablo Fernández

En 1995 se presentó una queja a la Comisión Europea a principios de 1995 al considerar que el silencio administrativo como forma de contestación negativa a una solicitud de información sobre Medio Ambiente no estaba conforme con la Directiva 90/313/CEE. El organismo que denegó esta información por esta vía fue la Confederación Hidrográfica del Segura, que no es sino el representante del Ministerio de Medio Ambiente para temas de Agua (CHS) en cualquier cuenca de España. En manifestaciones a la emisora local, Radio Calasparra, el entonces presidente de la CHS mostraba gran desprecio por la actitud de solicitar información, lo cual no sorprende dada la prepotencia y oscurantismo que suele caracterizar a este tipo de administraciones y de sus gestores. Las cintas de esta grabación misteriosamente desaparecieron.

Sin embargo, y tal y como reconoce la Comisión Europea, se presentaron "numerosas quejas hasta diciembre de 1995 relativas a la mala aplicación en la práctica de la citada directiva 90/313/CEE" (carta anexa del 27.07.98).

Ni la ley 38/1995 (BOE 297 de 1995, pp. 35708-35710) que supuestamente transcribía en su totalidad la mencionada directiva, ni el cambio del gobierno no superó esta situación. Prueba de ello es que los motivos que fundamentaron la queja han dado lugar a la siguiente expresión tras casi cinco años de tramitación: "La Comisión ha llevado este asunto ante el Tribunal Europeo de Justicia (asunto C-99/189)". Y ello pese a las promesas de modificación del Gobierno Español (ver carta de Junio de 1998 anexa), incluso mencionadas en anteriores escritos de la CE (carta anexa de 27.07.98) que no han sido sino una maniobra dilatoria.

Según G. Kremlis "los elementos esenciales de la demanda de la CEE se refieren a los problemas identificados en la legislación española relativa al silencio administrativo y a la no-determinación del precio de suministro de información".

En este nuevo 2000 esperamos que el nuevo gobierno que surja de las urnas de se vea forzado a adoptar de una vez los principios que emanan de la citada directiva y se garantice el acceso a la información ambiental en el ámbito estatal. Curiosamente, esta transposición autonómica se produjo en 1995 en la Comunidad Autónoma de Murcia en que ocurrieron los hechos fruto de la queja.

Para más información contactar con: Juan P. Fernández (jf68@netzero.net)

Comision europea
Direccion general xi
Medio ambiente, seguridad nuclear y proteccion civil
Dirección B – Instrumentos medioambientales
XI.B.3 – Asuntos jurídicos, actividades legislativas y aplicación del derecho comunitario

Rue De la Loi 200, B-1049. Bruxelles/Welstraat 200, B-1049 Brussel – Bélgica – Despacho BU-5 4/11. Teléfono directo (+32-2) 296 65 26, centralita 299 11.11 Telefax 299.10 70.


Bruselas 30.06.98 / XI / 010074

ANSE
C/ Ricardo Gil, 25, 3º
E – 30002 Murcia

Muy Sres. Míos:

Me dirijo de nuevo a Uds. En relación con su expediente de queja 95/4555 relativo a los trabajos de encauzamiento del río Segura para poner en su conocimiento lo siguiente:

La Comisión decidió tratar su caso bajo el procedimiento de infracción (A-93/2197) abierto contra España por la transposición incorrecta de la Directiva 90/313/CEE, relativa a la libertad de acceso a la información sobre el medio ambiente, en particular de su artículo 384. Dicho artículo establece que las autoridades públicas deberán responder a los interesados lo antes posible y dentro de un plazo de dos meses. Se deberán indicar las razones de la denegación de la solicitud de información. La Comisión consideró que la figura del "silencio negativo: prevista en la Ley 38/95, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, era contraria al artículo 384 de la Directiva 90/313/CEE.

En respuesta al dictamen motivado notificado al Reino de España en el marco del procedimiento de infracción, las autoridades españolas comunicaron que se ha redactado un anteproyecto de ley por el que se modificará la citada Ley 38/1995. En dicho anteproyecto está prevista la modificación del artículo 4 sobre resolución y motivación de las solicitudes de información. Las autoridades españolas indican que se eliminará la posibilidad del silencio administrativo negativo, debiendo ser expresamente denegadas y motivadas todas las resoluciones negativas, totales o parciales de acceso a la información.

Las autoridades españolas señalan que adicionalmente, se modificará el artículo 483 para permitir su entronque con la legislación básica administrativa vigente, esto es la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así, además de no forzar el recurso a la jurisdicción contencioso administrativa con sus condicionamientos económicos y temporales permitirá, en los casos previstos por la Ley 30/1992, la revocación de la decisión denegatoria inicial por una instancia administrativa jerárquicamente superior.

En cuanto al calendario previsto para la adopción formal de la citada modificación de la Ley 38/1995, las autoridades españolas señalan que se espera que ésta sea adoptada este año.

A la vista de estas informaciones la Comisión ha decidido no continuar por el momento con el procedimiento de infracción en curso dado que, en un plazo que se estima razonable, se dará una solución general y definitiva tanto al problema de la figura del silencio administrativo negativo como a otros problemas de no conformidad de la legislación española de transposición de la Directiva 90/313/CEE identificados por la Comisión.

Los servicios de la Comisión les mantendrán informados de cualquier novedad que se produzca en el marco de este procedimiento de infracción.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para presentarles mis más atentos saludos.

 

Georges KREMLIS

Jefe de la Unidad
Comision europea
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Bruselas 27.07.98 / XI / 010074

 

ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste)
Delegación Local de Calasparra
San Abdón, 15. Casa de la Juventud
E-30420 Calasparra

Asunto: Su queja 95/4550 relativa a una supuesta mala aplicación por parte de las autoridades españolas de la Directiva 90/313/CEE, sobre libertad d acceso a la información en materia de medio ambiente.

Estimado Sr.:

  1. Este servicio ha procedido a una revisión de las numerosas quejas recibidas hasta diciembre de 1995 relativas a la mala aplicación en la práctica, por parte de diversas instancias de la Administración Central y Autonómica de la Directiva 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente.
  2. Muchas de estas quejas han sido tratadas, como la suya, bajo un caso general incoado de oficio por la Comisión por incorrecta transposición de las disposiciones de la Directiva en la legislación española aplicable. En efecto, se inició un procedimiento de no conformidad que motivó que la Ley comunicada como de transposición de la Directiva, la ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Procedimiento administrativo común, fuera reemplazada en esta materia por la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, de acceso a la información.
  3. Esto es así porque la Comisión ha constatado que asegurando unacorrecta transposición en el derecho interno de las Directivas comunitarias, los caos puntuales de mala aplicación en la práctica se reducen o desaparecen, consiguiéndose un mayor valor añadido a la actuación de la Comisión, que dispone para estos fines de medios muy limitados. El control de la conformidad de la legislación de transposición de las directivas se convierte, por tanto, en una prioridad clara para la Comisión dentro de las competencias que le confiere el artículo 155 del Tratado CEE.
  4. La revisión en cuestión se realiza a efectos de verificar si las situaciones denunciadas han sido resueltas, sea por la interposición de recursos ordinarios o contenciosos, sea por una reacción positiva de la administración de que se trate, o sea por la aprobación y puesta en práctica por las autoridades del nuevo instrumento de transposición en derecho interno de esta Directiva, comunicado a la Comisión en 1996, que es la Ley 38/1995 de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente.
  5. En esta última Ley, si bien no termina de resolver algunos problemas, como el de coste de acceso a la información (razón, entre otras por la que se ha notificado a España un dictamen motivado, última fase precontenciosa del procedimiento establecido en el artículo 169 del Tratado CE antes de elevar el asunto al Tribunal Europeo de Justicia), supone en esta materia un avance significativo, puesto que viene a reparar y corregir la mayor parte de las deficiencias de la Ley hasta entonces de aplicación, a Ley 30/1992 de 30 de noviembre, de régimen común de las administraciones públicas, claramente inadaptada en cuanto a asegurar el respeto de las disposiciones de la Directiva 90/313/CEE, particularmente en el tema de los plazos para atender las solicitudes de información, y a la denegación tácita por silencio administrativo.
  6. En la mayor parte de los casos de denuncias presentadas ante la Comisión, los problemas planteados se referían precisamente a denegación tácita de la solicitud por silencio administrativo, transcurrido el plazo de dos meses previsto en la Directiva para la respuesta a las solicitudes de información.
  7. Este problema ha sido resuelto por la Ley 38/1995, que incorpora la obligación de responder a todas las solicitudes de información.
  8. Por ello me dirijo a Ud. Para pedir datos que actualicen su queja, y en particular:
  1. Las informaciones de que dispone la Comisión permiten esperar que antes de fin de año una modificación de la ley 38/1995 antes citada que terminará con los problemas residuales de conformidad que aún persisten e incorporará medidas que van más allá de lo previsto en la Directiva comunitaria en cuestión.

Es por ello que desearía que me comunicara cualquier novedad intervenida en l asunto objeto de su queja, y en particular me facilite las informaciones especificadas en el punto 8 más arriba, en el plazo de dos meses, en previsión de que la Comisióna la vista de lo anteriormente expuesto, decida como sería previsible, el archivo de la misma antes de fin de 1998, una vez la modificación de la Ley 38/1995 sea adoptada.

Sin otro particular, quedo a la espera de sus gratas noticias:

Georges KREMLIS

Jefe de Unidad.

Comision europea
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dirección B – Instrumentos medioambientales
XI.B.3 – Asuntos jurídicos, actividades legislativas y aplicación del derecho comunitario

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Bruselas 19.07.99 / XI / 010074

ANSE
C/ Ricardo Gil, 25, 3º
E – 30002 Murcia

Asunto: Queja 95/4555 - Acceso a la Información (España)

Muy Sr. Mío:

Como continuación a mi carta de 30 de junio de 1998 (XI/010074), tengo el gusto de informarle de lo siguiente:

Dado que, contrariamente lo esperado, las autoridades españolas no han puesto fin a la situación de no conformidad de la Ley 38/1995 sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente con la Directiva 90/313/CEE, la Comisión ha llevado este asunto ante el Tribunal Europeo de Justicia (asunto C-99/189).

Los elementos esenciales de esta demanda se refieren a los problemas identificados en la legislación española relativa al silencio administrativo y a la no determinación del precio de suministro de información.

En caso de necesitar Ud. Más amplias informaciones sobre este asunto, le ruego se dirija a mi compañero el Sr. D. Javier Ruiz-Tomás, Jefe de Unidad Adjunto, que estará encantado de atenderle.

Sin otro particular, quedo a su disposición.

Georges KREMLIS

Jefe de la Unidad